¿Memoria Histórica?

Los “españoles” entrecomillado, somos la ostia. Recuerdo cuando Garzón procesó a Pinochet por crímenes contra la humanidad y muchos ciudadanos nos sentimos orgullosos de que alguien por fin dijera en una corte de justicia que los dictadores deben pagar por sus crímenes y lo dijera alguien actuando en derecho, y desde aquí. Otros países muy demócratas ellos, por ejemplo el inglés, miraba hacia otro lado dando cobertura legal a algo que luego se vio que era más falso que un euro de madera como el estado de salud del fascista Sr. Pinochet, perdón quito lo de Sr. y lo dejo simplemente en el asesino, Augusto.

Somos la ostia porque ahora parece que, al margen de la anécdota de si Franco está muerto o no, Garzón ha abierto la caja de Pandora sobre las fosas comunes de los “fusilados” por los salvadores de patrias que vieron en su momento que aquella España no les gustaba y con el convencimiento y ayuda divina tenían que hacer una guerra primero y luego la limpieza, segando vidas, para que España fuera la España de pandereta, en lo que se convirtió a partir de los 60, del periodo del 39 a finales de los 50 mejor no entrar en detalles.

Garzón no si es una estrella o no, como lo catalogan, pero lo que si tengo muy claro es que en este caso al margen de las responsabilidades penales de los todavía muchos falangistas y fascistas que viven y que desgraciadamente no pagarán por ello hay que hacer cumplir la ley de memoria histórica. Esta indica clarísimamente un mandato a las distintas administraciones, locales, autonómicas y del Estado, para que elaboraran y pusieran a disposición de las familias de fusilados y desaparecidos mapas en los que consten las fosas comunes que se conocen o cuya existencia se sospecha.

Entrando en el tema de las responsabilidades, Amnistía Internacional en su pagina Web a colgado el manifiesto que reflejo a continuación al que podéis adherir .

Para pasar página, primero hay que leerla

Los firmantes del presente manifiesto nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Mantenemos que:

- España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

- Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.

- De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria.

- El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

- No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.

- En la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.

España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

Efectivamente para pasar página, primero hay que leerla